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El 4 de noviembre del 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), después de analizar los posibles impactos que los cultivos de soja transgénica podrían generar tanto en los derechos del pueblo maya como en el medioambiente, confirmó la violación a la consulta previa, libre e informada y ordenó:

a) dejar insubsistente el permiso para la liberación de soya genéticamente modificada;
b) realizar una consulta al pueblo maya de acuerdo a los estándares internacionales en la materia; 

c) una vez realizada la consulta, emitir una nueva resolución sobre la solicitud de la empresa Monsanto.

 

Entre los impactos que se analizaron en las sentencias, destacaron la posible propagación de la soya genéticamente modificada por fenómenos hidrometeorológicos propios de la Península de Yucatán; posibles afectaciones a la biodiversidad y a la salud por el uso del glifosato, herbicida usado en este tipo de cultivos, que ha sido catalogado como posiblemente cancerígeno en personas (Grupo 2A), en 2015 por la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de estar asociado a una amplia variedad de efectos dañinos a la salud y a la diversidad biológica, reportados en una amplia literatura científica.

 

A pesar de la existencia de esta sentencia, la siembra ilegal de soja transgénica no ha cesado. En diversas ocasiones se han denunciado estos cultivos así como los impactos que ocasionan. Incluso SENASICA corroboró la siembra ilegal e inició en mayo de 2017 el proceso de revisión del permiso que culminó con la revocación del permiso a Monsanto en septiembre de 2017. La muerte de abejas sigue en aumento, ya se han registrado pérdidas de colmenas enteras a causa de las fumigaciones aéreas. Además, han construido pozos de absorción, lo que es ilegal, con la finalidad de secar terrenos que naturalmente son inundables para poder continuar con la siembra, que ha tenido como consecuencia la contaminación del agua. 

 

Hoy, a más de 6 años de la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se ha logrado que se cumpla la ley y que las instancias responsables ejecuten la sentencia.

Leydy Pech

Leydy Pech – Premio Goldman 2020
 

Leydy Pech, co-protagonista de ¿Qué les pasó a las abejas?, mujer maya, apicultora y defensora de los derechos indígenas, es galardonada con el Premio Medioambiental Goldman 2020 el día 30 de noviembre de 2020 como reconocimiento a la lucha por la consecución de la plantación de soya transgénica en su región.

"Leydy Pech, una apicultora maya, encabezó un grupo que detuvo con éxito la siembra de soya modificada genéticamente por Monsanto en el sur del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que el Gobierno violó los derechos constitucionales de los mayas y suspendió la siembra de soya genéticamente modificada. Debido a la persistencia de Pech y su coalición, en septiembre de 2017, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria revocó el permiso de Monsanto para cultivar soya modificada genéticamente en siete estados", detalló la Fundación del Premio Goldman en su página web.

Ser galardonada con este premio, es un altísimo reconocimiento a la lucha tanto individual como grupal de defensoras y defensores de derechos humanos y la justicia socioambiental.

La lucha del pueblo maya para proteger a las abejas y su territorio

 

Hace 10 años, en 2001, se introdujo en el estado de Campeche el cultivo de soja transgénica en su fase experimental a cargo de la empresa extranjera Monsanto. Después de 7 años, en 2008, se le otorgó un permiso para extender la superficie de siembra hasta el estado de Yucatán, agregando 12 mil hectáreas de cultivo. En 2011, este permiso fue extendido a 30 mil hectáreas más, abarcando ahora los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Un año después, en 2012, SAGARPA aprobó el permiso a Monsanto para que iniciara la fase comercial de estos cultivos, extendiéndose en un total 153,500 hectáreas, abarcando los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y San Luis Potosí.

 

A raíz de estos sucesos, apicultores de los estados de Campeche y Yucatán interpusieron demandas de amparo (expediente no. 286/2012 en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán y expedientes no. 753/2012 y 762/2012 en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche) contra los permisos otorgados a Monsanto. En los amparos, los argumentos se centran tanto en la violación al derecho de consulta previa, libre e informada de las comunidades mayas de la zona como en las afectaciones que tendrían los cultivos de soja transgénica en el medio ambiente, en la apicultura y en la meliponicultura. Ante estas demandas, el 28 de junio del 2012, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán y el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Campeche suspendieron el permiso de siembra dentro del polígono de Campeche-Yucatán. Sin embargo, la suspensión tuvo una duración de sólo 6 meses pues fue revocada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito en el Estado de Campeche.

 

A pesar de las diversas denuncias populares que se han llevado a cabo desde 2012, de los amparos mencionados y de las sentencias dictadas en 2014 por el Juzgado Segundo de Distrito del estado de Campeche y el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán en favor de las y los integrantes de las comunidades y asociaciones de apicultores mayas, la siembra de soja transgénica, el uso de herbicidas e insecticidas nocivos para la salud humana y del medio ambiente y la deforestación causada por estos cultivos no han cesado.